miércoles, marzo 23, 2011

Tsunami. ¿Gobierno culpable?

Jordi Juste, El Periódico de Catalunya, 23 de marzo de 2011

El chiste habla de dos ciudadanos italianos que cuando ven que llueve exclaman “Porco goberno”. En Japón a nadie se le ocurrirá acusar al gobierno de la lluvia ni, mucho menos, de un terremoto de nueve grados, seguido de un tsunami devastador que arrasa pueblos enteros y deja una central nuclear de seis reactores tan dañados que se convierten en una amenaza internacional. Al actual gobierno ni siquiera se le puede acusar de no haber obligado a las compañías eléctricas a estar preparadas para lo peor, ya que la administración del Partido Demócrata no lleva ni dos años en el poder y solo han pasado ocho meses desde que Naoto Kan substituyera a su correligionario Yukio Hatoyama como primer ministro.

Otra cosa es la crítica a la gestión de la crisis. La primera semana de unidad nacional sin fisuras significativas ha terminado con la negativa del principal partido de la oposición a sumarse a un gobierno de concentración nacional para hacer frente a la hercúlea tarea de levantar el país. Aunque también dijo que colaboraría con el gobierno desde la oposición, el no del líder del Partido Liberal Democrático, Sadakazu Tanigaki, a convertirse en vice primer ministro y compartir responsabilidades con su principal adversario augura que pronto empezaremos a oír críticas a la acción de Kan. Ahora bien, tendrán que ser razonables y mesuradas para no ser vistas como anti patrióticas por la mayoría de la población, consciente de la necesidad de arrimar el hombro para salir del socavón.


Las palabras de algunos comentaristas políticos, los debates espontáneos en las redes sociales y la experiencia de otras crisis hacen pensar que las críticas al gobierno se centrarán en la falta de firmeza, transparencia y valor. Firmeza para obligar a Tepco, la compañía eléctrica propietaria de la central, a tomar medidas expeditivas más rápidamente para minimizar los daños a la población sin reparar en los perjuicios económicos que ello pudiera ocasionarle. Transparencia para dar a los ciudadanos todos los datos y dejar que fueran estos los que decidieran el grado de gravedad de la crisis y actuaran en consecuencia. Y valor para tomar medidas conservadoras de la seguridad de la población aún a riesgo de excederse.

En Fukushima parece que se ha evitado lo peor, pero aún habrá que dejar pasar algún tiempo para saber con certeza lo que ha pasado estos días y así poder evaluar justamente la acción del gobierno.

Cuando llegue el momento, habrá que ver si el ejecutivo ha dejado, en algún momento de la crisis, que Tepco ponderara sus intereses económicos al decidir las medidas a tomar con los reactores dañados, cuando lo que le tocaba era olvidarlos por una vez a favor del bien común. También necesitaremos averiguar si el gobierno ha dejado de informar a la población con la claridad y la celeridad oportunas, teniendo en cuenta la obligada necesidad de un margen de tiempo razonable para recoger los datos e interpretarlos antes de hacerlos públicos. Por último, querremos ver si realmente hemos estado al borde de una hecatombe, y por lo tanto lo correcto hubiera sido evacuar Tokio, o ha sido cierto en todo momento que la situación era grave pero no tanto como para organizar el éxodo de más de treinta millones de personas.


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