Los ex burakumin son descendientes de la casta más baja del Japón feudal.
Una serie de escándalos obliga a replantear la discriminación positiva
Una serie de escándalos obliga a replantear la discriminación positiva
Jordi Juste. Kioto
Kunihiko Konishi, destacado miembro de la Buraku Liberation League (BLL), fue detenido en mayo por malversación de diez millones de yenes (unos 70.000 euros) recibidos del Ayuntamiento de Osaka para proyectos sociales. El arresto sirvió para hacer pública su relación con la mafia japonesa y reabrir el debate sobre la conveniencia de seguir subvencionando el movimiento de los burakumin, los descendientes de la casta más baja del Japón feudal. Los críticos se hicieron oir de nuevo en septiembre, cuando se supo que 10 empleados de recogida de basura de Kioto habían sido detenidos por diversos delitos y el Ayuntamiento reconoció que contrataba preferentemente a miembros de la BLL. El asunto mereció editoriales y programas de televisión cuando en octubre se dió a conocer el caso de un miembro de la BLL, empleado de recogida de basura de Nara, que había estado cobrando durante cinco años su salario íntegro a pesar de pasar casi todo ese tiempo de baja por enfermedades simuladas y dedicado a solicitar al Ayuntamiento subvenciones para la Liga.
La BLL es la principal organización de hisabetsu burakumin (o “habitantes de las aldeas discriminadas”), los descendientes de los japoneses que hasta 1871 eran obligados a vivir en comunidades segregadas del resto de la población por haber cometido crímenes o debido a su ocupación en actividades consideradas impuras, como el sacrificio de animales, la peletería o los servicios funerarios. Hasta la apertura de finales del siglo XIX, Japón era una sociedad estructurada en tres castas, los samuráis, los campesinos y los comerciantes. Fuera quedaban los descastados, que recibían nombres como eta (impuros) o hinin (infrahumanos) y se les contaba utilizando el sufijo habitual para los animales.
Sigue la discriminación
Con el fin legal de la discriminación los descatastados pasaron a ser denominados burakumin, o habitantes de las aldeas, y teóricamente pudieron fijar su residencia y casarse o trabajar con el resto de japoneses. Sin embargo, la discriminación social nunca desapareció y la mayoría de burakumin y sus descendientes siguieron viviendo en las mismas zonas y se enfrentaron al dilema de esconder su condición o confesarla abiertamente, como ilustra la novela El precepto roto, de Toson Shimazaki.
Kunihiko Konishi, destacado miembro de la Buraku Liberation League (BLL), fue detenido en mayo por malversación de diez millones de yenes (unos 70.000 euros) recibidos del Ayuntamiento de Osaka para proyectos sociales. El arresto sirvió para hacer pública su relación con la mafia japonesa y reabrir el debate sobre la conveniencia de seguir subvencionando el movimiento de los burakumin, los descendientes de la casta más baja del Japón feudal. Los críticos se hicieron oir de nuevo en septiembre, cuando se supo que 10 empleados de recogida de basura de Kioto habían sido detenidos por diversos delitos y el Ayuntamiento reconoció que contrataba preferentemente a miembros de la BLL. El asunto mereció editoriales y programas de televisión cuando en octubre se dió a conocer el caso de un miembro de la BLL, empleado de recogida de basura de Nara, que había estado cobrando durante cinco años su salario íntegro a pesar de pasar casi todo ese tiempo de baja por enfermedades simuladas y dedicado a solicitar al Ayuntamiento subvenciones para la Liga.
La BLL es la principal organización de hisabetsu burakumin (o “habitantes de las aldeas discriminadas”), los descendientes de los japoneses que hasta 1871 eran obligados a vivir en comunidades segregadas del resto de la población por haber cometido crímenes o debido a su ocupación en actividades consideradas impuras, como el sacrificio de animales, la peletería o los servicios funerarios. Hasta la apertura de finales del siglo XIX, Japón era una sociedad estructurada en tres castas, los samuráis, los campesinos y los comerciantes. Fuera quedaban los descastados, que recibían nombres como eta (impuros) o hinin (infrahumanos) y se les contaba utilizando el sufijo habitual para los animales.
Sigue la discriminación
Con el fin legal de la discriminación los descatastados pasaron a ser denominados burakumin, o habitantes de las aldeas, y teóricamente pudieron fijar su residencia y casarse o trabajar con el resto de japoneses. Sin embargo, la discriminación social nunca desapareció y la mayoría de burakumin y sus descendientes siguieron viviendo en las mismas zonas y se enfrentaron al dilema de esconder su condición o confesarla abiertamente, como ilustra la novela El precepto roto, de Toson Shimazaki.
Tras la segunda guerra mundial los descendientes de los descastados lucharon por su reconocimiento y a favor de políticas públicas de ayuda, lo que se tradujo en los años setenta y ochenta en programas para mejorar servicios como el alcantarillado o la educación. Según la BLL estas políticas han tenido efectos positivos pero todavía son necesarias, ya que siguen circulando listas ilegales para poder discriminar en el empleo y en el matrimonio, y los índices de paro y fracaso escolar son en las zonas habitadas por burakumin muy superiores a la media japonesa.
Contra esta defensa de las ayudas se alzan voces como la del Partido Comunista. El PCJ apoyó durante décadas a la Zenkairen, la organización de burakumin rival de la BLL, que se disolvió en 2004 por considerar que el problema había prácticamente dejado de existir, y lo que quedaba era una trama para aprovecharse de la mala conciencia pública. “Bajo la bandera de la protección de los derechos humanos, la BLL ha usado su poder político y sus conexiones con los bajos fondos para forzar a la ciudad a financiar los proyectos que la liga quería”, comentó el concejal comunista de Osaka Toshihito Shimoda sobre el caso Konishi.
Lo más significativo de estos últimos escándalos es que han permitido que se debata sobre un problema que hasta hace poco era tabú y generaba caras de extrañeza y disminución del volumen de voz cuando algún extranjero lo planteaba. Para la mayoría de japoneses es todavía un asunto difícil de abordar, ya que su sola mención puede considerarse como un acto de discriminación.
Contra esta defensa de las ayudas se alzan voces como la del Partido Comunista. El PCJ apoyó durante décadas a la Zenkairen, la organización de burakumin rival de la BLL, que se disolvió en 2004 por considerar que el problema había prácticamente dejado de existir, y lo que quedaba era una trama para aprovecharse de la mala conciencia pública. “Bajo la bandera de la protección de los derechos humanos, la BLL ha usado su poder político y sus conexiones con los bajos fondos para forzar a la ciudad a financiar los proyectos que la liga quería”, comentó el concejal comunista de Osaka Toshihito Shimoda sobre el caso Konishi.
Lo más significativo de estos últimos escándalos es que han permitido que se debata sobre un problema que hasta hace poco era tabú y generaba caras de extrañeza y disminución del volumen de voz cuando algún extranjero lo planteaba. Para la mayoría de japoneses es todavía un asunto difícil de abordar, ya que su sola mención puede considerarse como un acto de discriminación.
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