¿Seguridad nuclear o empleo seguro tras la jubilación?

El desastre de Fukushima no se entiende sin el amakudari, la colocación de altos funcionarios jubilados en empresas relacionadas con las áreas de las que se encargaban desde la Administración. Es una práctica muy extendida, que cada nuevo gobierno de Japón se compromete públicamente a combatir, pero que se mantiene más allá de los habituales relevos en la jefatura del poder ejecutivo.


Ahora se ha sabido que la agencia de investigación nuclear ha concedido contratos por unos ochenta millones de euros a dieciséis compañías que emplean a algunos de sus antiguos trabajadores. Es un caso más de los centenares en los que se crean unos lazos de obligaciones entre la Administración y la industria que hacen de la primera un instrumento al servicio de la segunda.


Normalmente se trata se un problema de uso inmoral de lo que es público y debería imparcial al servicio de unos intereses privados parciales. Pero en el caso de la energía nuclear se corre el riesgo de que el beneficio de una parte se anteponga a la seguridad de todos. Se ha visto en Fukushima y en numerosos otros casos desde que Japón se entregó al uso civil de la energía nuclear.