Jordi Juste. Kioto
El Senado japonés aprobó ayer la ley de referéndum, un paso más hacia el objetivo de reformar la Constitución pacifista, impuesta por los Estados Unidos en 1947, marcado el pasado septiembre por el primer ministro Shinzo Abe cuando sucedió en el cargo a Junichiro Koizumi. Abe dejó claro ayer que este asunto marcará a partir de ahora la agenda política doméstica. “En las próximas elecciones al Senado queremos decirles a los votantes que el PLD ha estado trabajando en el proyecto de nueva constitución”, declaró el primer ministro.
La norma sobre consultas populares pasó el trámite gracias a la cómoda mayoría que tiene en ambas cámaras de la Dieta la coalición formada entre el Partido Liberal Democrático de Abe y el pequeño partido budista Nuevo Komeito, lo que ya le permitió en abril la aprobación en la Cámara de Representantes.
Abandono del pacifismo
El punto más controvertido de la reforma constitucional es el artículo 9, que especifica que Japón renuncia al uso de la guerra para solucionar cualquier tipo de conflictos y establece claramente que no tendrá fuerzas armadas de ningún tipo. Hasta ahora se ha hecho una interpretación muy laxa de la norma. Los propios Estados Unidos se dieron cuenta pronto de que necesitaban que Japón fuera capaz de defenderse, hasta cierto punto sólo, de una posible agresión soviética o china. Por ello se permitió la creación de las llamadas Fuerzas de Autodefensa, que en realidad son tres ejércitos muy bien dotados, aunque con ciertas limitaciones técnicas que los hacen poco capaces para una hipotética misión de ataque fuera del archipiélago.
Sin embargo, el problema principal para la política de defensa de Japón de la actual Constitución no está tanto en la existencia o no de las fuerzas armadas sino en su posible participación en un conflicto internacional en ayuda de un aliado del país. También aquí se ve la larga mano de Washington en Tokio, ya que los Estados Unidos han reprochado a Japón, en ocasiones como las dos guerrras del Golfo, que su participación se limitara a la aportación de dinero o a intervenciones logísticas en la retaguardia.
Una encuesta reciente del diario progresista Asahi Shimbun revelaba que aunque un 58 % de votantes es favorable a redactar una nueva constitución, sólo el 33 % desea que se suprima el artículo 9.
Según especifica el artículo 96 de la actual Carta Magna, una eventual reforma debería contar con el voto favorable de dos terceras partes de los miembros de cada cámara legislativa antes de ser sometida a referéndum. En estos momentos la coalición liderada por Shinzo Abe controla más de dos tercios de la Cámara Baja pero sólo 1,6 tercios del Senado.
La Ley de Referéndum aprobada ayer establece que no se podrá llevar a cabo ninguna consulta antes de tres años desde su entrada en vigor. Finalmente, la coalición de gobierno no ha accedido al establecimiento de un mínimo de votos para que el resultado sea válido, una de las exigencias de la principal fuerza de la oposición, el Partido Democrático de Japón (PDJ) para dar su aprobación.
El Senado japonés aprobó ayer la ley de referéndum, un paso más hacia el objetivo de reformar la Constitución pacifista, impuesta por los Estados Unidos en 1947, marcado el pasado septiembre por el primer ministro Shinzo Abe cuando sucedió en el cargo a Junichiro Koizumi. Abe dejó claro ayer que este asunto marcará a partir de ahora la agenda política doméstica. “En las próximas elecciones al Senado queremos decirles a los votantes que el PLD ha estado trabajando en el proyecto de nueva constitución”, declaró el primer ministro.
La norma sobre consultas populares pasó el trámite gracias a la cómoda mayoría que tiene en ambas cámaras de la Dieta la coalición formada entre el Partido Liberal Democrático de Abe y el pequeño partido budista Nuevo Komeito, lo que ya le permitió en abril la aprobación en la Cámara de Representantes.
Abandono del pacifismo
El punto más controvertido de la reforma constitucional es el artículo 9, que especifica que Japón renuncia al uso de la guerra para solucionar cualquier tipo de conflictos y establece claramente que no tendrá fuerzas armadas de ningún tipo. Hasta ahora se ha hecho una interpretación muy laxa de la norma. Los propios Estados Unidos se dieron cuenta pronto de que necesitaban que Japón fuera capaz de defenderse, hasta cierto punto sólo, de una posible agresión soviética o china. Por ello se permitió la creación de las llamadas Fuerzas de Autodefensa, que en realidad son tres ejércitos muy bien dotados, aunque con ciertas limitaciones técnicas que los hacen poco capaces para una hipotética misión de ataque fuera del archipiélago.
Sin embargo, el problema principal para la política de defensa de Japón de la actual Constitución no está tanto en la existencia o no de las fuerzas armadas sino en su posible participación en un conflicto internacional en ayuda de un aliado del país. También aquí se ve la larga mano de Washington en Tokio, ya que los Estados Unidos han reprochado a Japón, en ocasiones como las dos guerrras del Golfo, que su participación se limitara a la aportación de dinero o a intervenciones logísticas en la retaguardia.
Una encuesta reciente del diario progresista Asahi Shimbun revelaba que aunque un 58 % de votantes es favorable a redactar una nueva constitución, sólo el 33 % desea que se suprima el artículo 9.
Según especifica el artículo 96 de la actual Carta Magna, una eventual reforma debería contar con el voto favorable de dos terceras partes de los miembros de cada cámara legislativa antes de ser sometida a referéndum. En estos momentos la coalición liderada por Shinzo Abe controla más de dos tercios de la Cámara Baja pero sólo 1,6 tercios del Senado.
La Ley de Referéndum aprobada ayer establece que no se podrá llevar a cabo ninguna consulta antes de tres años desde su entrada en vigor. Finalmente, la coalición de gobierno no ha accedido al establecimiento de un mínimo de votos para que el resultado sea válido, una de las exigencias de la principal fuerza de la oposición, el Partido Democrático de Japón (PDJ) para dar su aprobación.
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