Los prestamistas japoneses cobran hasta de los muertos

Jordi Juste
A primeros de octubre se supo que las empresas de crédito no bancario de Japón cobraron el año pasado 30.000 millones de yenes (200 millones de euros) de casi 52.000 seguros de vida que tenían suscritos para sus clientes. Aunque sólo se conoce la causa de la muerte para la mitad de las polizas afectadas, se sabe con certeza que casi 5.000 fueron suicidios.

Las polizas se suscriben a veces sin el consentimiento de los asegurados y se han usado en diversos casos para presionar a los clientes diciéndoles que si no podían pagar sería mejor que se suicidaran para saldar sus deudas. La japonesa es una cultura donde el sentido del deber y la responsabilidad colectiva tienen todavía una gran importancia, por lo que es común el suicidio para lavar la honra o para liberar a la familia de una carga.

Prestamistas a la defensiva
A pesar de los ingresos obtenidos por este sistema, en las últimas semanas las compañías más importantes han anunciado que dejarán de asegurar a sus clientes, debido a la publicidad negativa que ha generado el caso que se une a los escándalos por las presiones para recuperar los impagados. En mayo, la Agencia de Servicios Financieros sancionó a Aiful, la tercera compañía más grande del sector, con una suspensión de sus actividades durante 25 días.

En muchos casos los préstamos al consumo, originariamente concedidos por bancos, van a parar a las carteras de las compañías de crédito, que figuran como avaladoras, por lo que los asumen cuando los clientes dejan de pagar sus cuotas y se encargan de cobrarlos con unos recargos de usura y con técnicas de presión claramente ilegales. En la actualidad el límite máximo de los tipos de interés llega casi al 30 por ciento, a pesar de que el tipo oficial del Banco de Japón no llega al uno por ciento. El gubernamental Partido Liberal Democrático (PLD) aprobó este més rebajar el tope al 20 por ciento. En un principio, el proyecto contemplaba un período de transición de cinco años durante los cuales los prestamistas podrían seguir cobrando el 25 por ciento de interés, pero la presión de la opinión pública ha obligado a eliminar la provisión, vista como una concesión a la industria.

Un importante grupo de presión
Por su parte, dentro de su campaña de lavado de imagen, siete de las empresas de crédito más importantes anunciaron en marzo su idea de dedicar 25.000 millones de yenes (166 millones de euros) a “ayudar” a sus clientes más endeudados, pero el primero de octubre anunciaron que suspendían el proyecto por los planes del gobierno para controlar el sector.
Los prestamistas son un grupo de presión muy importante, que contribuye a campañas de partidos políticos y gasta al año unos 70.000 millones de yenes (466 millones de euros) en publicidad agresiva para incitar al consumo fácil. Dentro de sus prácticas comerciales está la concesión de créditos de hasta medio millón de yenes (más de 3.000 euros) en sus miles de cajeros automáticos, sin ningún tipo de garantía y con solo identificarse mediante el carnet de conducir o la tarjeta de la seguridad social. Algunas compañías destacan en su publicidad que el tipo de interés es cero si el dinero se devuelve antes de una semana. "Muchos que toman prestado de las compañías de crédito al consumo no piensan sobre lo altos que son los tipos de interés, y los prestamistas no dan explicaciones suficientes”, declaró recientemente el abogado Kenji Utsunomiya, especializado en el tema.

Estas prácticas captan a muchos clientes de nivel de ingresos bajos que luego se ven atrapados en una bola de créditos nuevos para poder pagar deudas anteriores. Las empresas se defienden diciendo que si introducen sistemas de escrutinio más estrictos antes de conceder los créditos, muchas solicitudes serán rechazadas, empujando a los consumidores a los “verdaderos tiburones” del mercado ilegal de préstamos.